Nuevo Laredo, 18 de abril de 2026.- Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, rechazó los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel del Noreste (CDN). El activista aseguró que los señalamientos desconocen su trayectoria de tres décadas en la defensa de derechos humanos.
El gobierno de Estados Unidos identificó a Raymundo Ramos como un asociado del Cártel del Noreste que lidera una campaña de desinformación. Ramos vinculó los señalamientos actuales con una acusación previa en su contra promovida en 2019 por el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el exfiscal estatal Irving Barrios Mojica.
Raymundo Ramos sostuvo que la acusación de la OFAC lo coloca en una situación de riesgo. «¿Quién del Departamento del Tesoro va a asumir la responsabilidad en caso de que yo tenga un atentado?», cuestionó. Señaló que responsabilizaría al Departamento del Tesoro, al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al almirante en retiro Marco Antonio Ortega Siu en caso de sufrir una agresión.
Documentos internos de la Sedena filtrados demostraron que el Ejército utilizó el Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.) para espiar a Raymundo Ramos. Análisis forenses del Citizen Lab de la Universidad de Toronto revelaron que los dispositivos móviles del activista fueron intervenidos ilegalmente con el software espía Pegasus entre agosto y septiembre de 2020. Ramos declaró que las acciones de espionaje «ponen en riesgo mi vida, mi integridad y a mi familia».
Raymundo Ramos ha documentado violaciones graves a derechos humanos en Tamaulipas durante más de 20 años. Ha denunciado desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y abusos de autoridad perpetrados por las Fuerzas Armadas en Tamaulipas. Entre los casos acompañados se encuentra la desaparición forzada de 56 personas en Nuevo Laredo en 2018 y la ejecución extrajudicial de ocho personas en 2019.
El comité aportó evidencias para lograr una sentencia de más de 40 años de prisión para cuatro militares por homicidio calificado. Raymundo Ramos explicó que el Comité se limita a documentar casos, acompañar a víctimas y hacer denuncias públicas y jurídicas. «El Comité no es Ministerio Público ni es un juzgado, solamente rompe el silencio», indicó.
Raymundo Ramos negó cualquier relación con Eduardo Javier Islas Valdez ‘Crosty’ y con el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez. Dijo no tener inversiones, empresas, cuentas bancarias en Estados Unidos ni ser socio de ninguna persona allí. «No tengo inversiones en Estados Unidos, no tengo empresas en Estados Unidos, no soy socio de ninguna persona, no tengo cuentas bancarias en Estados Unidos», afirmó.
Raymundo Ramos es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos desde 2013. «Yo seguiré siendo defensor de derechos humanos con protección del mecanismo, esto no me va a frenar», sostuvo.
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