Tecámac, 17 de abril de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación de oficio por presuntos actos de maltrato animal en Tecámac, tras la difusión en redes sociales y medios de manifestaciones sobre el sacrificio de caninos. Los hechos podrían encuadrar en los artículos 235 Bis y 235 Ter del Código Penal del Estado de México, que sancionan causar la muerte a animales que no constituyan plaga y establecen agravantes cuando el responsable es un servidor público.
La senadora y exalcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, confirmó que durante su administración (2019-2023) se ordenó la muerte de 10,000 perros en situación de calle. «Fueron 10,000», declaró Gutiérrez, quien sostuvo que estas acciones se realizaron «conforme a las normas oficiales mexicanas y porque ya habían sido violentadas diversas personas». La legisladora afirmó contar con fotografías enviadas por la ciudadanía donde se evidenciaba que los animales «habían mordido, habían violentado a la gente», y agregó que los perros sacrificados se encontraban en «deplorables condiciones».
Respecto a las acusaciones, Gutiérrez precisó: «No hubo indiferencia, no hubo crueldad. Enfrenté una realidad difícil y tomé decisiones en marco de la ley, buscando el menor daño posible», añadiendo que «gobernar es tomar decisiones difíciles cuando no hay soluciones perfectas». Durante su gestión, dijo que se atendió a más de 80,000 perros, con más de 50,000 esterilizaciones, además de adopciones y recuperaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a la senadora, afirmando que «no violó la ley porque estaba en una norma, en todo caso, hay que cambiar la norma». Sin embargo, funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) señalaron que los sacrificios se realizaron sin diagnósticos previos.
Por su parte, la activista Zyanya Polastri presentó un escrito en la Oficialía de Partes del Senado solicitando la remoción de Mariela Gutiérrez de la Mesa Directiva. Polastri denunció que es falso que los sacrificios se realizaran conforme a la ley: «Todo eso es mentira, incluso la norma es muy estricta en ese aspecto donde te marca que debe haber estudios previos, obviamente tiene que haber todo un proceso, el cual ella no tenía». La activista calificó a la senadora como «asesina» y declaró: «no queremos gente legislando aquí siendo asesinos».
De acreditarse las conductas investigadas, los responsables podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión, además de multas, destitución e inhabilitación, dado el agravante de ser servidores públicos. Gutiérrez informó que ha recibido múltiples amenazas a través de redes sociales tras la difusión del caso.
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