El aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco fue impugnado mediante un amparo promovido por ciudadanos que buscan una revisión judicial de la medida y de sus efectos sobre la economía de los usuarios.
Mientras el proceso legal continúa, el senador Carlos Lomelí presentó en el Senado de la República un punto de acuerdo para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que otorgue atención prioritaria al caso debido a su impacto social.
Un punto de acuerdo es una herramienta parlamentaria mediante la cual legisladores expresan una posición institucional o realizan exhortos a otras autoridades. En este caso, la propuesta busca que el máximo tribunal del país considere la relevancia pública del asunto al momento de determinar el ritmo de su análisis.
El amparo sigue su curso dentro de las instancias judiciales correspondientes, donde deberán revisarse los argumentos presentados por las partes involucradas antes de que se emita una resolución de fondo.
Los siguientes pasos dependerán de las determinaciones que adopten los órganos jurisdiccionales competentes y, en su caso, de la decisión de la SCJN respecto a la prioridad con la que el asunto pueda ser atendido.
Para miles de usuarios del transporte público, el resultado del proceso será relevante debido a las implicaciones económicas que tiene la tarifa en la vida cotidiana de estudiantes, trabajadores y familias jaliscienses.
