El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los impactos de la nueva Ley General de Aguas, una reforma que busca poner orden en el uso del recurso hídrico en el país.
Entre los puntos clave destaca la imposición de multas de hasta 5.6 millones de pesos por acaparamiento, así como la regularización de concesiones y la creación de mecanismos de mayor transparencia en el registro hídrico.
La iniciativa establece un cambio de enfoque: el agua deja de verse como un bien sujeto a intereses particulares y se reafirma como un derecho fundamental para la población.
Con este nuevo marco legal, el Gobierno Federal busca garantizar un acceso más equitativo al agua, sancionar abusos y fortalecer la gestión sostenible del recurso en beneficio de todos.
