En el marco de su habitual encuentro con los medios de comunicación en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó categóricamente cualquier escenario de desestabilización política o institucional para el país tras confirmarse la entrega voluntaria de exfuncionarios del estado de Sinaloa ante las autoridades de los Estados Unidos. El pronunciamiento se da luego de que trascendiera que Gerardo Mérida (exsecretario de Seguridad Pública) y Enrique Díaz (exsecretario de Finanzas) decidieran cruzar la frontera para ponerse a disposición de las cortes estadounidenses bajo severas acusaciones de vínculos delictivos.
Al ser cuestionada de forma directa sobre las posibles repercusiones y declaraciones que estos perfiles pudieran aportar en el extranjero, la mandataria federal se mostró serena y con una postura de absoluta tranquilidad. “Digo que no hay riesgos porque, si hay pruebas, que la fiscalía actúe; nosotros no tenemos ningún vínculo con criminales, ni de cuello blanco”, aseveró la Jefa del Ejecutivo, cortando de tajo las especulaciones de la oposición sobre un posible impacto colateral en las filas del partido oficialista.
Sheinbaum Pardo reiteró que la directriz de la llamada Cuarta Transformación se basa en la transparencia absoluta, asegurando que si existen carpetas de investigación vigentes o mandamientos judiciales, los canales internos de procuración de justicia en México harán su parte de forma autónoma. Finalmente, la presidenta hizo un llamado a evitar caer en campañas de desinformación mediática y rumores que únicamente buscan mermar el clima de gobernabilidad en la víspera de eventos de alta relevancia internacional.
Puntos clave de las declaraciones 🏛️🇲🇽🇺🇸
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La Postura: Cero temor a las declaraciones. La administración federal asegura no tener ningún nexo criminal, por lo que desestima repercusiones negativas para el Estado mexicano.
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Los Exfuncionarios: Se confirmó que Gerardo Mérida y Enrique Díaz cruzaron la frontera por Arizona para entregarse de manera voluntaria al Departamento de Justicia estadounidense.
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Autonomía Judicial: La presidenta señaló que si bien hay respeto por los procesos en EE. UU., en caso de que existan pruebas contundentes de delitos en territorio nacional, corresponderá estrictamente a la Fiscalía General de la República (FGR) tomar cartas en el asunto.
