Ciudad de Mexico, 18 de abril de 2026.- La enmienda constitucional que limita las pensiones de ex servidores públicos entró en vigor el 10 de abril de 2026, estableciendo que ninguna pensión de personal de confianza podrá exceder 50 por ciento de las percepciones del titular de la Presidencia de la República, monto equivalente a 67 mil pesos mensuales. Aunque no se han emitido las leyes secundarias que reglamentan la reforma al artículo 127, en la quincena de abril ya se aplicaron los primeros descuentos con un tope mensual de 65 mil pesos, tanto a sindicalizados como a personal de confianza, según informó Sandra Romero, representante de personas jubiladas en Banobras.
Ante la aplicación de la medida, un grupo de alrededor de 300 ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), Banobras y Banrural interpuso los primeros amparos el lunes 12 de abril ante un juzgado en materia administrativa. Sin embargo, jueces de distrito en la Ciudad de México desecharon por improcedentes estas primeras demandas. Específicamente, el juez Ulises Oswaldo Rivera González, del juzgado cuarto de distrito en materia administrativa del primer circuito, rechazó una demanda de amparo el 12 de abril de 2026, fundamentando que la Ley de Amparo establece que el recurso es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución.
Pese a los reveses iniciales, diversos grupos organizan nuevas acciones. El equipo jurídico de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP), cuyo secretario general es Martín Ruiz Gámez, alista una demanda colectiva de 2 mil agremiados afectados. Ruiz Gámez declaró: «La reforma es anticonstitucional y afectará derechos adquiridos».
Por su parte, Fernando Martínez, abogado de los ex trabajadores de LFC, Banobras y Banrural que interpusieron amparos, defendió a sus representados: «Fueron productivos para diferentes instituciones y en algún momento acordaron por contrato colectivo, por condiciones generales, incluso hasta por laudos, el pago que les permitiera tener una vida digna cuando se retiraran». Martínez agregó que los trabajadores «empezaron a ser estigmatizados como si esas pensiones hubieran sido producto de la corrupción», asegurando que «en el grueso de todos los empleados de Pemex, CFE, Banobras, Banrural, participaron de la generación de riqueza para el país» y que ahora «simplemente llegan y se las quitan, en franca violación al estado de derecho».
Ante el rechazo de los amparos directos contra la reforma, otros sectores ajustan su estrategia legal. Un grupo de jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro anunció que seguirá interponiendo amparos, pero enfocados en los efectos de la enmienda, como la violación a derechos adquiridos. Enrique M. Velázquez, integrante del Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la CFE, explicó: «Jurídicamente, estamos haciendo lo que nuestros abogados recomiendan; seguiremos interponiendo amparos y cada despacho formulará su estrategia legal para documentar la violación del tope a las pensiones». Velázquez precisó que «no serán demandas colectivas, sino de manera individual» y que una de las estrategias es «el amparo indirecto sobre los efectos que ocasiona de la reforma», no contra la reforma al artículo en sí.
En el ámbito de la movilización, los jubilados anunciaron la conformación de la Alianza Nacional de Jubilados y programaron para el 17 de abril de 2026 una marcha de la Estela de Luz al Senado de la República. Ex trabajadores de Banobras, Banrural, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y la extinta Luz y Fuerza del Centro figuran entre quienes han promovido amparos contra la enmienda.
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