Nuevo Laredo, 17 de abril de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos actuaron contra una red de casinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ligada al Cártel del Noreste, organización producto de una escisión de Los Zetas. El Tesoro estadounidense acusó directamente a tres personas físicas y a tres personas morales, entre las que se identifica a Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Las autoridades estadounidenses señalaron a Ramos de hacerse pasar por activista para proteger a miembros del Cártel del Noreste y fabricar falsas acusaciones contra integrantes del Ejército. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro acusó a Ramos de liderar una campaña de desinformación en contra de las autoridades mexicanas y de pagar a personas para que asistan a protestas con el fin de mejorar la percepción pública del cártel. Como resultado, se ordenó congelar sus activos y se prohibió a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con él.
Además de Ramos, fueron señalados Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, acusado de ser operador de la red en el sector de apuestas con presuntas operaciones de lavado de dinero y tráfico de personas, y Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que habría servido de intermediario para el cártel incluso desde prisión. El Tesoro detalló que estos individuos desempeñan roles centrales en la operación del grupo criminal. Entre las personas morales sancionadas figuran Comercializadora y Arrendadora de México, Casino Centenario en Nuevo Laredo y Diamante Casino en Tamaulipas.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México realizó el análisis económico, fiscal y corporativo de los sujetos, identificando la operación de casinos bajo una misma estructura. La dependencia detectó transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo, inconsistencias entre ingresos y montos operados, y movimientos de efectivo sin sustento. La UIF indicó que se observaron posibles esquemas de evasión fiscal y patrones en el sector de juegos y sorteos presuntamente utilizados para el lavado de activos.
Derivado de lo anterior, Hacienda de México presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos financieros y fiscales, además de dar aviso a la Secretaría de Gobernación para suspender actividades de los establecimientos identificados. Las sanciones aplicadas por el Tesoro de EE.UU. implican el bloqueo de bienes y cualquier interés en propiedad dentro de Estados Unidos.
La investigación destaca que Raymundo Ramos denunció previamente ser víctima de espionaje con el software Pegasus por parte del Ejército mexicano. Mientras una reportera confirmó que el teléfono del defensor fue infectado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador negó el espionaje en marzo de 2023, señalando: «El caso que está mencionando de este defensor de Derechos Humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas».
A pesar de las señalizaciones, el gobierno de Estados Unidos no presentó una acusación formal contra Ramos ni publicó documentos que sustenten estas denuncias ante tribunales. Hasta 2026, el caso permanece sin resolución judicial clara y sin pruebas públicas concluyentes, en un contexto donde Nuevo Laredo registra entre 2 mil 300 y 2 mil 700 personas desaparecidas desde 2010.
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