El Senado de la República aprobó el llamado Plan B de la reforma electoral, consolidando una serie de cambios enfocados en la austeridad y la reducción de privilegios dentro del sistema político.
Entre los puntos aprobados destacan el recorte al presupuesto del Senado, ajustes al financiamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y la implementación de topes a funcionarios electorales, así como límites a los congresos locales.
Aunque la propuesta original contemplaba la revocación de mandato en 2027, este punto no avanzó tras la falta de respaldo completo —incluyendo la postura del PT—, por lo que la reforma se centró en los aspectos que lograron consenso dentro de la mayoría.
Desde Morena, se destacó que se cumplió con el objetivo principal: reducir privilegios en la estructura política y avanzar hacia un modelo de mayor austeridad en el gasto público.
Con esta aprobación, el Senado concreta una de las reformas más relevantes en materia electoral del actual periodo legislativo, marcando un cambio en la forma en que se administran los recursos y se establecen límites dentro del sistema político.
